Esta parece ser la idea que orienta las decisiones y comportamientos del poder central. Porque la cuestión es la renta a capturar en el puerto.
La verdad es que es muy cómodo ser socio así, más si es de la renta del capital puesto en juego y el trabajo de otro.
Como con la renta petrolera, pesquera, inmobiliaria o estatal. Me asocio desde un derecho de rentar sin involucrarme en trabajar ni en arriesgar capital. Sólo socio de derecho o fuera del derecho, a porcentaje del resultado físico (toneladas) e independientemente si da pérdida o ganancia.
El código aduanero habilita la imposición de derechos de exportación e importación, permitiendo de esa forma modificar los precios netos para exportadores e importadores, alentando o desalentando el flujo, en uno y otro sentido, de los bienes y servicios comerciables. Esta es una herramienta de política económica al servicio de los objetivos macroeconómicos buscados.
En relación con los productos del campo, los granos, las carnes y los lácteos, hemos sostenido durante décadas persistentes reclamos en los organismos internacionales por las injustas políticas de los países desarrollados que subsidiaban las exportaciones de dichos productos, debilitando nuestras posibilidades exportadoras al competir dichos países con ayudas estatales de subsidios a la producción y a la exportación en el mercado global de materias primas alimentarias.
En la Argentina, los derechos de exportación han tenido extendida aceptación en las políticas económicas propulsadas por los economistas de los dos partidos mayoritarios, tanto la UCR como el PJ, desde el inicio de la nueva etapa democrática en 1983, salvo el período de la ilusión “liberal y primermundista”, que no se pudo sostener en la realidad, y en la cual desaparecieron miles de agricultores “sobrantes” del sistema, los más pequeños, que sucumbieron ante las “no primermundistas” tasas en dólares que debieron afrontar y que estuvieron dentro del rango del 20 a 25% en dicha moneda, produciéndose un darwinismo socioeconómico que dejó instalados a los más aptos para la sobrevivencia.
Todo lo señalado, más otros condicionantes que no es momento de detallar, derivó, a posteriori de la megadevaluación del 2002, en la sobrevivencia de un equipo de agricultores muy competitivo, y al mismo tiempo muy diverso en cuanto escalas y culturas, con la consistencia de expresar en toneladas un boom de crecimiento productivo reconocido mundialmente .
Este proceso tiene un factor clave, subyacente a todas las etapas, constituido por la extensión de una forma de hacer agricultura basada en el alquiler de la tierra y la organización en red de Pymes, en lo que se podría describir hoy como un cluster agrícola de 30 millones de hectáreas en las provincias involucradas.
Se logró mediante una llave metodológica que fue la siembra directa, y una tecnológica que constituyó la biotecnología, incorporada inicialmente en la soja RR, en su ensamble productivamente virtuoso que fue inicialmente la “simbiosis” glifosato-evento RR.
Importantísimas innovaciones se integraron en el campo tecnológico y metodológico de operación y gestión de esta actividad, “primarizada” durante décadas por muchos economistas, políticos y comunicadores que no advirtieron, hasta los llamativos conflictos del 2008, las causas socioeconómicas que permitieron el señalado boom agrícola.
La cuestión es que la visualización, en el gobierno, de una renta extraordinaria ante la suba extraordinaria (y fugaz) de los precios internacionales dinamizó la idea “dame la renta extraordinaria o la que “haiga””.
Con los antecedentes de la capacidad de adaptación de los “Chacrers” (irónica expresión que pretende representar a nuestros chacareros, agricultores sin red) y la debilidad político gremial de dichos agricultores asociados en cuatro entidades políticamente “neutralizables” históricamente, resolver discrecionalmente sobre la disponibilidad de la renta agraria no parecía una gran dificultad política. Más si una posible reacción ofrecía la posibilidad de una nueva victoria dentro de la dinámica del “FPV siempre”.
Como además, no se estaba amenazando con confiscar el campo sino disponer de su renta, y ante la realidad de que los dueños del campo están muy “pegados” emocionalmente al mismo y son persistentes en seguir produciendo cada año más, se podía suponer que esos “Chacrers” encontrarían la forma, como lo habían hecho antes, de adaptarse nuevamente y contribuir con su trabajo y “riqueza” al “modelo de redistribución” de la misma atendiendo las necesidades de la “mesa de los argentinos” y “la caja rosada”.
Pero en marzo de 2008 apareció una novedad
La novedad la constituyó la realidad que se expresó en el movimiento de “Los Autoconvocados”. Un movimiento de agricultores, algo anárquico en sus inicios, que se pusieron de pie en las rutas para defender su proyecto de vida en la nueva ruralidad.
Agricultores que a su pequeña renta agraria sumaban el resultado de su apuesta de capital y trabajo en el hacer agricultura en campos alquilados.
De ahí nació la energía de autodefensa de “Los Autoconvocados”. Se tocó el “nervio ciático” de la sobrevivencia que despertó una respuesta de resistencia insospechada, luego canalizada en el acompañamiento a la institucionalizada acción de la Mesa de Enlace.
La renta extraordinaria, cuando aparece, es capturada por el propietario de la tierra. Estando el 65-70% de la actividad agrícola hecha en campos alquilados, es claro estimar que alrededor de unas 20 millones de hectáreas dadas en alquiler, junto con las 10 millones de hectáreas trabajadas por sus dueños, son las que “reciben” una valorización explicitada en el valor del alquiler que por ellas se cobra, en el caso de las primeras, o que se podría haber cobrado en el caso de las segundas.
Ese valor del alquiler, la renta extraordinaria y fugaz, es lo que el agricultor que hace la fotosíntesis está dispuesto a pagar por la radiación y el agua que le llegará a la hectárea que alquila, más algunos nutrientes que usa de la misma, para hacer su negocio agrícola del año.
Si la decisión política es derivar parte del precio internacional a las arcas del Estado, dejando un precio neto menor para el agricultor, se alteran las relaciones de precios posibles entre el producto-grano que se pretende producir y los insumos necesarios para ello, desposicionando a algunas tecnologías como convenientes para su utilización. De ello deriva una menor producción posible desaprovechando el potencial productivo. Eso es lisa y llanamente un DESPERDICIO AMBIENTAL. Un desperdicio de riqueza no producida, que queda oculta porque no es visible. Es por ello que Brasil aplica otras políticas para asegurar la provisión de la mesa de los brasileños y su industria transformadora, aprovechando inteligentemente el POTENCIAL AMBIENTAL de su territorio.
Aprovechar el potencial del espacio ambiental para lograr más producción contribuye a diluir el porcentaje que la alimentación nacional requeriría de la producción nacional. Asegurando así cada vez más la seguridad de oferta alimentaria. Pero para asegurar una adecuada alimentación nacional habría que diseñar políticas específicas que garanticen el acceso a los alimentos a todos los argentinos. Es lo que hacen muchos países como Brasil incluso Canadá y USA. Y lo que se escucha como posibilidad en Argentina mediante el INCINI (Ingreso ciudadano a la niñez) que permitiría asegurar la alimentación a todos los niños argentinos sin caer en sistemas clientelares y corrupción.
Ahora bien, si la sociedad a través de sus representantes considerara conveniente disponer de la renta agraria cuando la misma es evaluada como extraordinaria (cosa de compleja definición), parecería más razonable hacer una imposición sobre la hectárea con una alícuota de lo que como renta se explicita en el valor del alquiler. Porque es ahí donde la renta extraordinaria se explicita y porque fundamentalmente no altera las relaciones de precios mencionada y de esa forma se permite el despliegue de todo el potencial productivo. Esta posibilidad tendría naturalmente el rechazo de los propietarios de la tierra, pero sería otra conversación. Se podría segmentar en función de la escala y no se comprometería la productividad, permitiendo el despliegue de la potencia innovadora y emprendedora del cluster agrícola, facilitando la continuidad del crecimiento de las cosechas. Como hacen todos los países con potencial agrícola. Producen lo más que les permiten las buenas prácticas agrícolas, impulsadas y controladas, haciendo un uso ambientalmente sostenible del recurso natural.
Si además se quiere promover la transformación en carnes u otros alimentos en base a los granos, lo observado en países que realizan esas transformaciones es una implementación de políticas públicas de financiamiento favorables, más un desarrollo de una política pública de acompañamiento al comercio exterior de esos productos, dando además condiciones de estabilidad macroeconómicas que alienten las inversiones en dichos procesos.
De esa forma se transforman en actores globales alimentarios. Brasil es el ejemplo más claro. Pero no basan esa transformación en una subvaluación de la materia prima achicando la oferta de la misma que es su consecuencia.
Si la cuestión es la pobreza y la indigencia, como creo que es, podría plantear el agricultor:
“Dennos precio lleno y déjennos exportar, hagamos una ley que de seguridad alimentaria, cóbrennos por otro lado lo de la renta extraordinaria y fugaz cuando la hay, y seguro que el país se vuelve a levantar con un gran aporte de la nueva ruralidad integrada a un proyecto nacional, con el aprovechamiento del potencial ambiental operado por este nuevo cluster agrícola que habla de modernidad. Asociémonos con Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay en el BioSur o Mercosur fotosintético y alimentario para la provisión global. Hagamos carnes de pollo, chancho y vaca, leche, huevos, harinas, aceites, alimentos más elaborados, biodiesel de caña o lo que sea, desarrollemos biotecnología regional, construyamos infraestructura regional (hidrovías, ferrovías y autovías, puertos), hagamos desarrollo humano local y regional, con alimentación, salud y educación accesibles para todos y con el trabajo digno de la demanda laboral de todo lo que hay por hacer. Si con Londres fue la alianza de principios del siglo XX que se cuestiona porque no derramó, a principios de XXI hagamos una real alianza regional acompañando a Brasil, y luego nuevas alianzas con Asia, Oceanía, USA y África. Dejémonos de j—er (jorobar) cazando oligarcas terratenientes que ya casi no quedan más. Cuidemos una cultura del trabajo y la innovación evitando la concentración pero no desperdiciando la producción no producida. Con 30 millones de hectáreas “no retenidas” en la tonta trampa de la redistribución por medio de la retención, volverá a expandir el espíritu del gringaje movilizando las economías de los pueblos y ciudades de las provincias involucradas en la comunidad rural. Basta de mezquina y miope centralidad. Los pobres requieren asistencia social en la emergencia, pero sólo podrán emerger saliendo de ella con trabajo digno sostenible en el tiempo.
Esos son un compromiso cívico fundamental. No sólo de los políticos en campaña sino de la ciudadanía toda, que no debería acostumbrarse al escándalo de la pobreza y sólo registrarlo de vez en cuando en la conversación pública condicionada por la decisión de los medios de ponerlo en escena según la conveniencia de la ocasión.
Por Enrique Seminario
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